Ante el auge de discursos discriminatorios en torno a la realidad migratoria, que tiene graves consecuencias, queremos contribuir a poner fin a esta deriva discursiva clarificando elementos básicos de las migraciones donde las personas están en el centro.
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No existe “el efecto llamada”. Estamos en la “era de las migraciones”. No hay un “efecto llamada” que aliente a las personas a poner en riesgo su vida y dejar su hogar. Lo que hay, son muchas realidades diferentes en los países de origen que fuerzan a las personas a migrar, a superar todos los obstáculos del proceso migratorio y a buscar protección en otro país. Ninguna persona quiere dejar su hogar y abandonar su país. Son muchos los factores de expulsión que llevan a una persona a la decisión de dejar su país, todos relacionados con la pobreza, la desigualdad, la violencia, los conflictos armados, la discriminación, el cambio climático y la mala gobernanza. No podemos reducir la complejidad de los movimientos migratorios actuales a la movilidad laboral. Son muchas más las causas y las motivaciones por las que las personas se ven forzadas a dejar su país.
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No estamos ante una crisis migratoria. Estamos ante una crisis humanitaria y de derechos humanos. Como señalaba la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias en su informe Muerte ilícita de refugiados y migrantes “Nos encontramos ante una crisis que solo puede describirse como una crisis humanitaria y de los derechos humanos. Esa crisis se caracteriza por una enorme pérdida de vidas humanas a nivel mundial, un régimen de impunidad para los autores de esos hechos y una tolerancia general de esas muertes”
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Ninguna persona quiere poner en peligro su vida, se ven obligadas a hacerlo por la falta de vías regulares y seguras. Las escasas e ineficaces vías legales y seguras existentes en la legislación española para que las personas que se ven forzadas a dejar su país lleguen a España con las autorizaciones necesaria, las obliga a ponerse en manos de las mafias y a utilizar las rutas más peligrosas y poner en riesgo su vida. Las actuales vías contempladas en la normativa de extranjería son muy limitadas y la política de visados muy restrictiva. Como ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes “La imposición de limitaciones a la movilidad es parte del problema y no de la solución. La trágica muerte de migrantes en tránsito ha puesto clara y visiblemente de manifiesto la continua ineficacia de la gestión de las fronteras… La única solución es adoptar políticas migratorias bien gestionadas que faciliten la movilidad de las personas migrantes y proporcionen a los Estados los controles de fronteras que necesitan”.
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Devoluciones de personas en frontera y los retornos forzosos son graves violaciones de DDHH. Las personas que intentan cruzar a través de la ruta del Mediterráneo occidental se encuentran con la valla de Ceuta y Melilla, las devoluciones sumarias y las devoluciones exprés y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las fronteras internacionales no pueden convertirse en zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en sus fronteras internacionales, pero deben hacerlo conforme a sus obligaciones en esta materia.
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Los acuerdos con terceros países basados en mercantilización de las personas o en externalización de las fronteras imponen limitaciones a la movilidad de las personas.Todas las medidas generadas a través de estos acuerdos (acuerdos bilaterales de movilidad laboral, la externalización de las fronteras o los acuerdos bilaterales que incluyen cláusulas para facilitar la readmisión de las personas que son expulsadas, devueltas, retornadas forzosamente o deportadas desde España a su país de origen) limitan y obstaculizan la movilidad de las personas que se ven forzadas a migrar, no tienen en cuenta las múltiples causas por las cuales se ven forzadas a migrar y se limita a los intereses económicos del estado español, mercantilizando a las personas.
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El Estado español tiene obligación de acoger y proteger a las personas que se han visto forzadas a abandonar su país, sin discriminación alguna, con independencia del país de origen. Las políticas migratorias actuales son políticas de doble rasero ya que dos casos semejantes son tratados de forma diferente. Este diferente trato viene marcado por el país de origen de las personas que se ven forzadas a migrar y las relaciones e intereses económicos de España con dicho país. Como señala la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias “El derecho a la vida no puede estar limitado por la nacionalidad o el color de la piel, restringido por fronteras y visados y determinado, en última instancia, por el hecho fortuito del lugar de nacimiento de una persona”.
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La condición de la infancia debe prevalecer sobre la condición administrativa en la protección de los niños y niñas extranjeros que llegan solos a España. No son MENAS, son niños, niñas y jóvenes que llegan solos a España. Las razones por las que estos niños, niñas y adolescentes llegan solos a España son numerosas. Independientemente de la razón que los ha llevado a migrar solos, no podemos olvidar la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran y la exposición a todo tipo de violencias, explotación, abusos sexuales, trabajo infantil o violencia de género. Sin embargo, cuando se habla de migración casi nunca se tiene en cuenta la perspectiva de la infancia migrante. Los motivos de huida o la especial situación de vulnerabilidad que sufren no suelen ser protagonista en las publicaciones sobre el tema y, a pesar del incremento de la atención mediática, no se ha proporcionado una mayor atención al cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene hacia la infancia migrante que llega sola a España.
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Representar las migraciones como un problema de seguridad responde a intereses particulares que buscan legitimar propuestas partidistas racistas y xenófobas.La representación actual de las personas migrantes por parte de representantes de determinados partidos políticos y de los medios de difusión pasa por la deshumanización y la criminalización que redunda en la polarización social en torno a esta realidad. Estos discursos tienen graves consecuencias sociales y promueven el racismo, la xenofobia y el odio hacia lo que es diferente.