La movilidad humana sea voluntaria u obligatoria es un derecho, y como sociedad, debemos comprometernos a respetarlo y defenderlo.
Con motivo del Día Internacional del Migrante, reafirmamos nuestro compromiso con el reconocimiento y posicionamiento de las personas migrantes como actores esenciales para el desarrollo de las sociedades.En un momento en el que nos enfrentamos a una realidad muy cambiante, muy exigente y con conflictos activos cada vez más numerosos, es urgente que los países definan estrategias para abordar los desafíos de una creciente movilidad global y aprovechar el enorme potencial de la migración.
Todo ello, en consonancia con el Pacto Mundial para la Migración donde se exige que las migraciones se den de forma segura, ordenada y regular, fortaleciendo las redes de solidaridad, cooperación y acción conjunta entre las regiones de acogida y los países de origen de los principales flujos migratorios.
La actual legislación condiciona el pleno ejercicio de la ciudadanía al cumplimiento de unos criterios que no responden a la realidad social y económica que tenemos, dejando en situación de exclusión a un alto porcentaje de la población migrante. Miles de personas no pueden ejercer su derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud o a la libre circulación por el simple hecho de no cumplir con un requisito administrativo, como tener más de tres años de residencia en el país o no contar con un contrato de trabajo de más de un año de duración.
Es importante, en ese sentido, que las políticas que se planteen desde los gobiernos estén centradas en las personas, que sean eje central y el motor de estas líneas de actuación sea mejorar su calidad.
El deseo de tener una vida mejor, de tener una #vida digna, mueve a miles de personas al año a salir de sus países. La movilidad humana sea voluntaria u obligatoria es un derecho, y como sociedad, debemos comprometernos a respetarlo y defenderlo.
Frente a esta realidad en la que cada vez tenemos sociedades más diversas y plurales, se ha producido el auge de discursos discriminatorios en torno a la realidad migratoria. Estos discursos tienen graves consecuencias para la sociedad y es necesario que se clarifiquen varios aspectos:
- No existe “el efecto llamada”. Estamos en la “era de las migraciones”. No hay un “efecto llamada” que aliente a las personas a poner en riesgo su vida y dejar su hogar. Lo que hay, son muchas realidades diferentes en los países de origen que fuerzan a las personas a migrar, a superar todos los obstáculos del proceso migratorio y a buscar protección en otro país.
- No estamos ante una crisis migratoria. Estamos ante una crisis humanitaria y de derechos humanos. Esa crisis se caracteriza por una enorme pérdida de vidas humanas a nivel mundial, un régimen de impunidad para los autores de esos hechos y una tolerancia general de esas muertes.
- Ninguna persona quiere poner en peligro su vida, se ven obligadas a hacerlo por la falta de vías regulares y seguras.
- Las Devoluciones de personas en frontera y los retornos forzosos son graves violaciones de DDHH.
- Los acuerdos con terceros países basados en mercantilización de las personas o en externalización de las fronteras imponen limitaciones a la movilidad de las personas.
- El Estado español tiene obligación de acoger y proteger a las personas que se han visto forzadas a abandonar su país, sin discriminación alguna, con independencia del país de origen.
- La condición de la infancia debe prevalecer sobre la condición administrativa en la protección de los niños y niñas extranjeros que llegan solos a España.
- Representar las migraciones como un problema de seguridad responde a intereses particulares que buscan legitimar propuestas partidistas racistas y xenófobas.
Es igualmente importante evitar y rechazar cualquier uso de las personas migrantes como “armas arrojadizas” en las crisis internacionales, en las relaciones bilaterales entre los países y en el escenario político interno. A la vez, hacemos énfasis en la promoción de un cambio cultural y normativo que favorezca la eliminación de los discursos de odio y estigmatizantes de la población migrante, y de las prácticas discriminatorias, racistas y xenófobas.
Ninguna sociedad puede desarrollar su verdadero potencial cuando hay obstáculos jurídicos, sociales o políticos que impiden a sectores enteros de la población contribuir a dicha sociedad. Las personas migrantes tienen derecho a justicia, sanidad, protección, educación y a la no estigmatización.
Finalmente nos reafirmamos con nuestro compromiso para la promoción de una migración segura, ordenada y regular, así como de una integración social de las personas migrantes en condiciones dignas e igualitarias.
Porque los Derechos Humanos son universales.
